Crisis europea I: Democracia en apuros

No hacía falta que apareciera una grieta en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas para constatar el deterioro que atraviesa la democracia en la UE. La crisis del euro está resultando ser un test de vida o muerte, no solo para los ciudadanos, en serios apuros, sino también para unas instituciones europeas que no funcionan para responder a sus demandas.

Los ciudadanos europeos perciben cada vez con mayor impotencia que los gobernantes que eligen en sus países tienen menos poder sobre los asuntos que afectan a su bienestar. En el sur de Europa este problema es particularmente agudo. Nos hemos acostumbrado a que decisiones providenciales sobre nuestro futuro las tomen líderes a los que no hemos elegido y sobre los que no tenemos control alguno.

Los portugueses llenaban las calles de Lisboa para recibir a la Canciller alemana este Lunes, bajo una pancarta con un mensaje explícito en este sentido: "Merkel no manda aquí". Mientras las decisiones que se toman en Bruselas, Berlín o Frankfort son cada vez más importantes para nosotros, no tenemos mecanismos para asegurarnos de que esos líderes trabajan en el interés de la mayoría de nosotros.

Desde el estallido de la crisis financiera en 2008 los gobiernos democráticos libran un pulso contra los mercados. Un pulso que ha hecho emerger algunas debilidades fundamentales en la gobernanza de nuestra joven unión monetaria. Un pulso que nos ha obligado a acelerar el inevitable traspaso de soberanía económica a Bruselas.

Hemos construido algunos mecanismos comunes para asegurarnos que nuestras economías y sistemas financieros caminan en la misma dirección. Nos hemos equipado con mejores instrumentos comunes para la prevención y resolución de crisis financieras. Sin embargo, hasta el momento, ese proceso no se ha visto correspondido con un traspaso de soberanía política a las instituciones europeas.

En tiempos de bonanza este fenómeno no parecía un problema, pero al llegar la crisis se ha hecho evidente que los ciudadanos deben tener el control democrático de quienes gobiernan. Si no es así, como sucede hoy en Europa, el resultado es una enorme frustración que se traduce en un creciente euroescepticismo. De manera gráfica, Irlanda, Portugal o Grecia, tres países que tradicionalmente se encontraban entre los más pro-europeos, ahora encabezan la lista de los más euroescépticos. ¿Por qué ese creciente euroescepticismo?

La democracia representativa en el estado-nación ofrece mecanismos a los ciudadanos para cambiar las cosas a través de su voto. Por otro lado los gobernantes tienen a su disposición todos los instrumentos necesarios (política fiscal, monetaria, etc) para corresponder a las demandas domésticas de sus ciudadanos.

El Reino Unido, por ejemplo, puede utilizar la política monetaria de una forma más flexible para responder a las necesidades comunes de su población y mantener vivo el contrato social en un momento de crisis. Esta cualidad la hemos perdido en la Eurozona y debemos reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

Existen dos opciones. Retroceder al Estado-Nación en donde existen mecanismos democráticos para mantener el contrato-social a nivel domestico o avanzar en la construcción política de Europa. Nosotros creemos que sólo una fuerte democracia a nivel europeo puede frenar la desarticulación política y social que vivimos. La UE puede ser el mejor paraguas para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos los ciudadanos de nuestro tiempo, pero necesita reinventarse políticamente. La estación intermedia en la que nos encontramos es insostenible.

Carlos Carnicero Urabayen

Antonio Roldán Monés

Un futuro federal

Llevamos unos meses viendo como las reivindicaciones por la independencia de Cataluña y de Euskadi, se han adueñado del debate político, en concreto, desde que tuvo lugar la multitudinaria manifestación de La Diada.    

La inestabilidad que hoy vivimos, a mi juicio, no se debe única y exclusivamente a la avalancha soberanista que se ha levantado tanto en Cataluña como en Euskadi, sino que también ha contribuido de forma importante la posición recentralizadora (en ocasiones, muy cercana al nacionalismo español) que ha llegado a originar un sentimiento de odio visceral hacia determinados territorios del país. Son dos planteamientos que en este momento se encuentran muy fortalecidos por el apoyo político que están recibiendo: los nacionalismos periféricos defendidos por partidos con representación en parlamentos autonómicos y en el Parlamento español, como es caso de CiU, PNV, ERC y BILDU/AMAIUR, y que según las encuestas obtendrán un buena representación en las próximas elecciones al parlamento vasco y catalán. Y el otro posicionamiento, aquel que es amparado por el sector más radical del Partido Popular, como es el caso de Esperanza Aguirre, la cual apostó hace unos meses por la recentralización del estado, siendo ella hasta hace unas pocas semanas, presidenta de una comunidad autónoma.

Por todo ello creo que ha llegado el momento de plantearse un nuevo modelo de organización territorial, el federalismo.

A pesar de que va aumentando poco a poco el porcentaje de personas que se posicionan a favor del federalismo, hay también una resaltable oposición a este, precisamente surgida desde dos polos opuestos. Por una parte, el españolismo centralista que ve en el federalismo, una amenaza destructora para la unidad inquebrantable de la nación española, y por otra, los nacionalismo periféricos que contemplan al modelo federal, como una forma territorial que se queda bastante corta con sus aspiraciones independentistas.

El federalismo es la herramienta más acertada para acoger las singularidades y diferencias que pueden existir y existen entre las regiones de un país como es el caso de España, y que frente a los planteamientos que ven como un lastre la diversidad (lengua, costumbres, tradiciones), yo por el contrario lo veo como riqueza cultural que debe ser conservada.

Durante la Transición se intentó descentralizar todo lo posible el estado español, pero no se llegó a un grado de federalismo total, ya que la derecha más representativa en aquel momento (Alianza Popular) se posicionó radicalmente en contra de esta propuesta, así como también del estado de las autonomías, el cual finalmente quedo pactado como forma de organización territorial.

Cierto es que el estado de las autonomías tiene muchos matices característicos del modelo federal. Aun así hay que avanzar en muchos más aspectos, como la necesidad de reformar el papel del Senado, para que este se convierta en una verdadera cámara de representación territorial. También creo de importante relevancia, profundizar en el aumento del grado de autogobierno de las comunidades autónomas, haciendo que las competencias de estas sean cada vez mayores en sus territorios correspondientes (por ejemplo: no es normal que en lo referido a infraestructuras, la mayor parte sea competencia del gobierno central como ocurre actualmente en España).

Suponiendo que alcancemos un estructura basada en el marco federal, también será necesario decidir el tipo de federalismo: federalismo asimétrico o por el contrario el federalismo simétrico. Personalmente, yo soy favorable al simétrico, ya que considero que las responsabilidades que adquieran los estados federados deben ser las mismas y en la misma cuantía, frente a la diferencia entre los estados que concedería el federalismo asimétrico, y que a mi juicio, podría llegar a desembocar en una cierta insolidaridad, influyendo de forma negativa entre la ciudadanía de las distintas regiones.

Quizás es un poco precipitado plantearse el tipo de federalismo, cuando ni siquiera podemos asegurar si tendremos este modelo estructural. Pero aunque a priori parezca una aspiración muy lejana, como he indicado antes cada vez es mayor el porcentaje de personas favorables a este modelo de estado. Para que sea aún mayor, los partidos federalistas deben implicarse más en este aspecto. El PSOE, un partido que está organizado en federaciones, durante un tiempo dejó de lado sus aspiraciones federalistas –al margen del PSC que siempre las tuvo en cuenta-, pero parece que las está recuperando. Cada vez son más los posicionamiento a favor de dirigentes socialistas, como Tomás Gómez, José Antonio Griñan, el Lendakari Patxi López o incluso ya el propio secretario general, Pérez Rubalcaba, que al principio parecía estar un poco distanciado de esta forma territorial. También hay otras formaciones políticas que se reclaman pro-federalistas, y que ellos solos, con sus propuestas se contradicen. Hablo de partidos como UPyD o Ciutadans que defienden un federalismo llamado por ellos “cooperativo”, mientras que se posicionan a favor de que el gobierno central recupere competencias (sanidad y educación) de las actuales comunidades autónomas, unas proposiciones totalmente contrapuestas con este modelo.

Creo firmemente que se debe avanzar en el camino que hace tres décadas comenzamos con el estado de las autonomías, debemos reconocer que España es un país con destacables singularidades, y estas deben ser vistas como fuente de una gran riqueza que debe ser conservada.

Por todo ello, esa es la España unida, pero también plural y diversa que debemos seguir construyendo, basada en un modelo descentralizado y de solidaridad entre sus territorios.                                                                            

    
               Luis López

PENSAMIENTOS VERANIEGOS

            Este verano ha sido muy duro, lo que empezó siendo una crisis financiera se ha convertido finalmente en una de las mayores crisis sociales de los últimos tiempos. Recortes, resurgir de nacionalismos de muy diversa índole y el oportunismo político han saltado a la palestra. Con este pequeño escrito quiero compartir con vosotros lo que empezó siendo una simple curiosidad por mi parte, y es tratar de saber que espera mi entorno (amigos, familiares, conocidos y algún desconocido) de los políticos y, en especial, de un partido de izquierdas. Por todo ello, me gustaría señalar que no pretendo alcanzar una visión objetiva, pero creo que sí se puede adaptar medianamente a la realidad.

            La primera idea que salta es la de desconfianza y desánimo, puedo decir que la gente no tiene confianza en la política. Como dice un compañero, cuando a la gente no se le cuanta la verdad, se siente estafada y, por tanto, se desengaña. Se ve a los políticos como personas que buscan el beneficio propio y no el de la comunidad y esta idea conlleva otra idea que está muy de moda: todos los políticos son iguales. Yo creo que estas premisas son muy peligrosas, pueden derivar en populismos (como es el caso de UPyD o el partido de Mario Conde) y, por tanto, en un detrimento de la calidad democrática.

            La segunda idea surge al hilo de la anterior y es que en España hay demasiados políticos. De esta afirmación tan manida últimamente me gustaría hacer tres comentarios:

1.     . 1. Bajo mi punto de vista, en este país hay muy pocos políticos. A mí me gustaría que fuera una democracia con 47 millones de políticos y no 400.000. La democracia debe ser activa, con un control de las instituciones públicas efectivo por parte de los ciudadanos y con un interés por parte de estos. Lo público, lo de todos, debe ser sentido como algo propio y no como algo del gobernante de turno.

2.    2. Todas las instituciones y organismos públicos deben ser abiertas, transparentes y con un alto grado de explicación. Todos los ciudadanos deben conocer a qué se dedican sus instituciones y porqué, para ello se debe exigir un aumento de comparecencias públicas. Siempre he creído que si explicas una decisión con veracidad y sentido pedagógico, la ciudadanía podrá entenderlo y llegar a aceptarlo, es decir, tratar a la gente como “mayor de edad”.

3.      3. La Tecnocratización de la política. En los últimos años, la política ha cedido ante una gestión empresarial de los Estados, ganado esta idea muchos adeptos. Bajo mi punto de vista, un ayuntamiento o un país no puede gestionarse como una empresa, o una familia. Un Estado no debe buscar el beneficio propio, sino el bien y porvenir de sus ciudadanos, bajo una base de igualdad sobre cualquier otra premisa.

La tercera gran idea es la crisis del modelo de Estado, es decir, existe una corriente centralizadora en pos de las Autonomías. Estas pasan a convertirse en las culpables de todos los males, y por tanto, a ser atacadas por un nacionalismo español que despierta las fobias de los nacionalismos periféricos. Por otro lado, encontramos el descrédito de la Unión Europea y de sus políticas (siendo algunas de ellas francamente erróneas). Yo creo en un Estado autonómico, incluso en uno federal, por dos razones fundamentalmente. La primera es que el poder se sitúa más cerca de los ciudadanos. De este modo, podrá satisfacer de mejor manera sus anhelos y necesidades. Y la otra, es que la calidad democrática es mayor. Los ciudadanos tienen un mayor acceso a los gobernantes y estos se sienten más “presionados”. Al estar el poder diversificado, se disminuyen los riesgos dictatoriales y populistas. De la misma forma, creo fervientemente en una Europa unida, símbolo y guardiana de la paz, pero esta unión no debe quedarse solamente en lo económico, sino que debe adentrarse sin complejos en una verdadera unión política y social que conlleve la formación de un Europa Federal.

Para finalizar, me gustaría señalar lo que, a título personal, espero del PSOE en los próximos tiempos. En primer lugar, debe ser un partido lo más democrático posible, en el que convivan tendencias y no un pensamiento único, en el que la distancia entre los militantes y los cuadros sea pequeña y, principalmente, en el que el debate interno (pero público) sea la principal seña de identidad. Desde luego, esta democracia interna será inexistente, si no se eligen a los secretarios generales y candidatos mediante voto de todos los militantes. Otro aspecto básico debe ser la ejemplaridad en todos los ámbitos, no se puede exigir nada a nadie, si tú mismo no lo estás haciendo. Esta ejemplaridad rigurosa debe ser el principal cimiento sobre el que debe asentarse nuestra organización. También espero que sea capaz de entender todas las demandas sociales, algunas de las cuales se han ido mencionando anteriormente, pero que no se deje arrastrar por ellas. Y por supuesto, ser un partido europeísta, que defienda y participe de primera mano en el proyecto europeo.

Los próximos años serán años duros, de cambios y de luchas, pero espero que lo sean también de diálogo y de pacto. Yo os animo a todos y a todas a ser protagonistas, a que defendáis vuestros principios y a que soñéis por un futuro que todavía no ha sido escrito.

Javier de las Heras Molina

FRANÇOIS HOLLANDE: EL FUTURO DE LA SOCIALDEMOCRACIA EUROPEA

El triunfo de François Hollande en las Elecciones Presidenciales del pasado 6 de mayo abre un nuevo periodo político en Francia, que también influira en el conjunto de la UE. 

Los próximos cuatro años que le esperan a la República francesa bajo la presidencia de Hollande, evidenciarán qué otra política económica es posible, que Europa no está condenada a la austeridad por encima de todo mientras el Estado del Bienestar se  deteriora. En definitiva, que hay una alternativa al modelo Merkel; al modelo neoliberal que la derecha europea está aplicando en los países donde gobiernan, poniendo en riesgo los pilares básicos del Estado del bienestar. Hay una alternativa socialdemócrata, en el que se puede combinar el crecimiento económico, preservando la igualdad de oportunidades, y en el que no haya que resignarse a la mera austeridad en detrimento de los derechos sociales para salir de la crisis.

Estos años atrás hemos podido observar  cómo el neoliberalismo se volvía a fortalecer cada vez más permitiendo la situación de desregularización de los mercados que hoy vivimos; y cómo los partidos conservadores ganaban las elecciones en distintos países de la UE. Es más, el ya Ex-Presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, asumió la refundación del capitalismo, presentándolo como el único modelo posible de progreso y crecimiento económico.

Hasta hace unos meses, muchos analistas políticos catalogaban de adversa la situación que vivía la izquierda europea y en concreto los partidos socialdemócratas; sin embargo, tras el triunfo de Hollande parece ser que esas percepciones han cambiado. Pero la pregunta es: ¿Puede la socialdemocracia volver a ser la ideología destacada en Europa? Todo ello depende de cómo vayan a ser los próximos meses de Europa con el contrapeso que va a suponer Hollande frente a  la política económica impuesta  por la Canciller alemana.

A mi modo de ver,  y a pesar de la situación que viven algunos partidos socialdemócratas como el PSOE en España, el Partido Socialista en Portugal o el PASOK en Grecia, se está produciendo de forma gradual un giro ideológico en los países de la Unión Europea: hace un año el Partido Socialdemócrata de Dinamarca ganó las elecciones parlamentarias, y también es el caso del resultado obtenido por el Partido Laborista en las elecciones municipales británicas, o el del Partido Socialdemócrata  Alemán en las elecciones legislativas en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia hace tan solo unas semanas. Todo ello puede ser el antecedente a un triunfo socialdemócrata en distintos países europeos.

Para conseguir ese éxito, ahora toca elaborar un discurso socialdemócrata y europeísta , fuerte, defendido por François Hollande a la cabeza, y trabajar por una Europa cada vez más unida y diversa, abanderando el  fortalecimiento del Estado del Bienestar y las conquistas sociales como seña de identidad de la izquierda europea.

      Luis López

       

LO QUE DEBEMOS APRENDER DE GRECIA

Este artículo podría haberse titulado perfectamente La tragedia griega o El fantasma griego, pero creo que es mejor sacar algunas enseñanzas de lo que está sucediendo en el país heleno.

En los últimos meses, Grecia nos ha mostrado que por mucho que pertenezcamos a Europa, al primer mundo, no estamos a salvo de los retrocesos sociales y del fin del estado del bienestar que tanto costó conseguir. De aquí debemos aprender a valorar lo importantes y valiosas que son para una sociedad las políticas de protección social. Por ello, en estos tiempos difíciles, las políticas sociales deberían ser una prioridad y no un incordio molesto para las cuentas públicas.

Otro elemento que debemos tener muy seriamente en cuenta es la entrada en el juego político de partidos ultra, que ganan poder entre los ciudadanos con un mensaje que recuerda a lo peor de la historia europea de los últimos tiempos. Bajo mi punto de vista, este es unos de los signos más peligrosos del actual panorama griego, ya que estos grupos atacan y tratan de destruir las principales características de Europa: el multiculturalismo y la solidaridad entre estados.

Por último, me gustaría hacer referencia al recorte democrático que supuso la entrada de un gobierno tecnócrata, elegido a espaldas del pueblo griego. Con ello queda claro que la actual crisis griega, no lo es solamente en lo económico, sino que también afecta a lo social y lo político.

A través de estos tres casos quiero mostrar que Grecia no es solo un problema que nos puede arrastrar al abismo, sino que debe servir de enseñanza a toda Europa de los grandes retrocesos que podemos sufrir si los problemas se afrontan de manera errónea.

    Javier de las Heras

¿Por qué la reforma laboral no creará empleo?

El pasado jueves 29 de Mayo los sindicatos convocaron una huelga general con motivo de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. Al margen del resultado y las consecuencias de la huelga, que desde mi punto de vista fue un éxito, quiero explicar por qué esta reforma laboral no va a generar empleo ni a mejorar el rumbo general de la economía española. El asunto es importante, porque los defensores de la reforma laboral pretenden que nos creamos que gracias a ella el paro se irá reduciendo, de manera que no podemos quejarnos de la pérdida de nuestros derechos, ya que según nos dicen, esos mismos derechos son lo que nos impide encontrar un empleo. Sin embargo, hay que aclarar que tal argumento es absolutamente falso. No es cierto que renunciando a nuestros derechos vayamos a salir de la crisis económica y a encontrar trabajo, tampoco es justo que sean los trabajadores los que asuman el coste de la crisis (no la hemos generado nosotros), así que tampoco es posible apoyar esta reforma laboral si lo que buscamos es salir de la crisis y mantener la justicia y la equidad en las relaciones laborales.

Lo primero que hay que explicar son los factores que determinan el nivel de empleo de la economía. Es decir, de qué variables depende que los empresarios quieran mantener un número mayor o menor de trabajadores contratados. La respuesta es muy fácil: el volumen de empleo de una empresa vendrá determinado por la producción total de bienes y servicios de esa empresa. Por lo tanto, el volumen de empleo total de la economía vendrá determinado por la producción total de bienes y servicios de la economía (lo que se conoce como Producto Interior Bruto o PIB). A partir de aquí, la pregunta que debemos hacernos para saber si la reforma laboral ayudará a incrementar el volumen de empleo es la siguiente: ¿los empresarios van a producir más, gracias a la reforma laboral?.

En un primer momento, podemos pensar que sí, ya que como es obvio, la reforma supone una importante reducción de costes para las empresas, de tal manera que a los empresarios les saldrá más barato que antes producir bienes y servicios, así que en consecuencia decidirán producir más, y para ello deberán contratar más trabajadores. Fijémonos que este argumento es atractivo pero en el fondo no es más que una simple falacia: el argumento nos dice que los empresarios decidirán producir más que antes, debido a que producir será más barato. Sin embargo, ignora completamente que los empresarios producen bienes y servicios para venderlos después... Por lo tanto, por muy barato que sea producir, si no consiguen vender la producción adicional, no producirán más, aunque sea más barato. El error del argumento consiste en suponer que una reducción generalizada de costes hará que los empresarios decidan producir más, sin tener en cuenta que los empresarios tan solo producirán más si pueden vender esa producción adicional en el mercado, algo que sin duda no ocurrirá, porque el consumo de los trabajadores (con más miedo ahora a ser despedidos) se reducirá, así como el gasto público (debido a la obsesión de atajar el déficit de la noche a la mañana) y la inversión empresarial (debido a las malas expectativas económicas para el futuro).

En el párrafo anterior queda claramente desmontada la falacia neoliberal que afirma que para crear empleo debemos reducir los salarios, etc... Sin embargo, es posible que al explicársela a la gente, nos contesten con otra falacia, que es la siguiente: “si se reducen los costes de producción, las empresas podrán reducir sus precios, y así conseguirán vender la producción adicional, por lo tanto una reforma laboral que reduzca los costes, hará que los empresarios estén dispuestos a producir más”. Esto no es más que otra falacia, que sin embargo parece puro sentido común y convence mucho a la gente. Primero, hay que aclarar que no hay absolutamente nada que nos garantice que una reducción generalizada de los costes se traslade necesariamente a los precios. Segundo, no es cierto (aunque parezca que sí) que una caída generalizada de precios incremente necesariamente el nivel de ventas de las empresas. La primera afirmación es obvia y no hay que explicarla, los empresarios no reducirán los precios si no les conviene a ellos, y no hay nada que garantice que una caída de costes les haga reducir precios (en Grecia los salarios bajan y los precios suben sin problema). La segunda afirmación es más complicada de entender, ya que parece de sentido común que si los precios bajan, la gente compra más. Sin embargo, esto realmente solo ocurre a nivel de una empresa individual, es decir, está claro que si una empresa baja sus precios venderá más, pero sin embargo no es cierto que si todas las empresas bajan los precios, todas ellas venderán más, por una cuestión muy simple: cuando bajan los precios, los consumidores pueden comprar más cosas que antes, pero al mismo tiempo ¡¡los vendedores podrán comprar menos cosas que antes!!, por lo que a nivel global, el poder de compra del conjunto de la sociedad permanecerá inalterado. Es por eso que una caída global de precios no tiene por qué suponer un incremento global de la ventas, aunque a nivel de empresa individual ocurra lo contrario. Pero hay más, una caída del nivel de precios incrementa el valor real de las deudas, ya que si yo tengo que pagar 100 euros el año que viene (porque tengo una deuda), esos 100 euros serán más significativos si dentro de un año los precios han bajado. En consecuencia, una caída generalizada de precios, al incrementar el valor real de las deudas, reduce las nuevas inversiones de las empresas, así como la compra de viviendas por parte de las familias, ya que los préstamos se encarecerán en términos de poder adquisitivo. Y continuamos, es posible que nos digan que una reducción de precios mejora la competitividad y ello nos hará exportar más e importar menos (algo cierto), sin embargo también es cierto que se incrementa el valor real de las importaciones, por lo que no hay nada que garantice que se reduzca el déficit exterior de España. Por ejemplo, si nosotros antes importábamos un producto que costaba 100 euros, para nivelar el saldo exterior teníamos que exportar otro producto que costase 100 euros. Si ahora nuestros precios bajan a 50 euros, para importar algo que nos cueste 100 euros, tendremos que exportar dos productos en vez de uno si queremos igualar el saldo exterior. En consecuencia no hay nada que garantice que bajar precios mejore nuestro déficit exterior.

La conclusión de todo lo anterior es que la reforma laboral no creará empleo, ya que no incrementará el nivel de ventas de las empresas, y en consecuencia, por muy barato que sea producir, los empresarios no decidirán producir más, por la simple cuestión de que no sirve de nada producir algo que después no vas a poder vender. Por ello, la reforma laboral es una pérdida gratuita de derechos para los trabajadores, que no ganamos nada, solo perdemos nuestros derechos sin ninguna contraprestación. Por ello es lógico y positivo que todos los trabajadores sigan luchando para parar esta reforma laboral ineficaz e injusta, que solo gusta a los de siempre y perjudica a los de siempre.

Eduardo de A.

LA IMPORTANCIA DE LO CERCANO

En los últimos meses hemos asistido a una frenética actividad política en nuestro país. Si en mayo fueron las elecciones locales y autonómicas, en noviembre les tocó el turno a las generales. Todo esto ha estado aderezado por numerosos acontecimientos como el ataque de los mercados, los recortes y la escala de la prima de riesgo, entre otros. Pero, como ya avisó el 15-M, ¿nos estamos acostumbrando a la política de los grandes números y de las estadísticas?

Para mí, la política debe basarse en lo cercano, en el contacto con el ciudadano, con la gente “corriente”. Conocer sus problemas y necesidades y tratar de ofrecer soluciones reales, posibles y satisfactorias debe ser nuestra meta. Para ello, es necesario bajar al terreno de juego, a la calle, y trabajar codo con codo con todas las personas, ya sean jóvenes o mayores, y mejorar nuestros barrios. Porque creo que una mejora desde abajo, desde las pequeñas cosas, acabará traduciéndose en una mejora a mayor escala.

De este modo, es importante el impulso de foros de participación ciudadana que sean cercanos, abiertos todos y modernos. Unos puntos de partida podrían ser las Juntas Municipales de Distrito, que si reciben el empujón necesario, serían un buen altavoz de las inquietudes de los madrileños, y no unos organismos totalmente desconocidos como ocurre ahora. Todo ello sin olvidar las agrupaciones vecinales y políticas como la nuestra.

Si eres de los que piensas que la política es un coto cerrado, oscuro y en donde se trapichea con intereses, estás totalmente equivocado. La política es la preocupación por tu calle, por tu instituto, por tu ambulatorio, en definitiva, por esas cosas del día a día. Por eso te digo que no te mantengas al margen. ¡Participa con nosotros de lo cercano!

Javier de las Heras Molina

Los errores de la sabiduría convencional sobre las pensiones

La Vanguardia publicó recientemente (09.01.11) un editorial titulado “La inevitable reforma de las pensiones”, que refleja la sabiduría convencional sobre las pensiones ampliamente promulgada y reproducida en los medios de información y persuasión del país, que podría haberse publicado en cualquiera de los cinco rotativos más importantes de España. El editorial subrayaba que existe un consenso generalizado entre los expertos de que la bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se retrase la edad obligatoria de la jubilación. El editorial añadía que hay ahora 17.6 millones de afiliados a la Seguridad Social (es decir, personas que cotizan a la Seguridad Social) y 8.4 millones de pensionistas, resultando en un ratio de aproximadamente 2 cotizantes por pensionista. Dentro de cuarenta años –indicaba el editorial de La Vanguardia-, los expertos señalan que el número de pensionistas se doblará, y ello tendrá como resultado que habrá sólo un cotizante por pensionista, lo cual es insostenible. Con estos datos y argumentos, el editorial insinuaba, previsiblemente, que la testarudez de los sindicatos y su incapacidad de entender estos datos está proyectando una actitud irresponsable en su resistencia a retrasar obligatoriamente la edad de jubilación.

Hasta aquí el editorial. Valdría la pena analizar los supuestos que sostienen las postura del editorial, y ver quién es irresponsable, si los sindicatos o aquellos que suscriben este editorial de La Vanguardia, que refleja la sabiduría convencional. Veamos los datos.

En primer lugar, no es cierto que haya consenso entre los expertos sobre la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación. Es cierto que hay consenso entre los expertos con los cuales cuentan La Vanguardia y otros de los mayores medios de información y persuasión. Incluyen, por ejemplo, al Sr. José A. Herce y a sus colegas, de Fedea (la Fundación de Estudios Económicos financiada por la gran Banca y las grandes empresas del país), los cuales tienen escasa credibilidad, tanto en sus estimaciones como en sus proyecciones sobre el futuro de las pensiones. El Sr. Herce ha estado prediciendo el “colapso” de la Seguridad Social desde hace ya muchos años. Así, en 1995, el Sr. Herce había pronosticado que el sistema de pensiones público tendría en el año 2000 un déficit de nada menos de un 0,62% del PIB. Llegó el 2000, y tal sistema no sólo no tenía ningún déficit, sino que estaba en superávit. Ello no fue obstáculo para que el supuesto experto profetizara más tarde que el déficit vendría en 2005. El 2005 llegó, y el sistema continuaba en superávit. Unas estimaciones igualmente erróneas fueron hechas por otros supuestos expertos, como Piñera y Weinstein (quienes indicaron que el colapso del sistema de pensiones sería en el 2000, y más tarde, al no darse el colapso en aquel año, lo retrasaron al 2005), Barea (otro catastrofista que también señaló el 2000, y más tarde el 2005 como el año del colapso), Taguas y Sáez, y otros. (Para un estudio más detallado de las predicciones de colapso fallidas, ver Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, “¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan”, Attac 2010, pp 30-37). Ahora bien, entre los expertos que conocen el tema no hay tal consenso. En realidad, hay más expertos que cuestionan las tesis de insostenibilidad de las pensiones públicas que expertos que la sostienen. Lo que pasa es que los primeros raramente aparecen en los medios, cuya orientación neoliberal explica que los expertos que cuestionan tal inviabilidad sean excluidos.

Veamos ahora el segundo error del editorial de La Vanguardia, el de que en cuarenta años tendremos un cotizante por pensionista. Para llegar a este ratio se hacen una serie de supuestos altamente cuestionables. Se dice, por ejemplo, que el número de pensionistas actual se doblará, pero se asume que el número de cotizantes continuará igual, lo cual es absurdo. Ahora, el porcentaje de la población adulta que trabaja y cotiza es sólo del 59,8% (2009) de la población, y ello como resultado del bajo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo (uno de los más bajos de la UE-15). Es impensable que este porcentaje no aumente, pues es más que probable que el porcentaje de la mujer en el mercado de trabajo irá asemejándose más y más al porcentaje existente en el promedio de la UE-15 y con ello, el porcentaje de la población adulta que trabaja y cotiza en la Seguridad Social llegue a ser un 70 o un 75%. Ello quiere decir que el número de cotizantes por pensionista será mucho mayor de lo que el editorial y sus expertos vaticinan.

En realidad, los famosos “expertos” ya habían predicho en 1995 déficits en el sistema de pensiones públicas en la primera década del siglo presente al subestimar el crecimiento de los cotizantes. Predijeron que habría en 2010 14.4 millones de afiliados (cotizantes a la Seguridad Social) y 8.7 millones de pensionistas. En realidad el número de pensionistas fue ya en 2007 de 8.4 millones (un número muy próximo al que habían estimado existiría en 2010), pero el número de afiliados fue de 17.6 millones, mucho mayor de lo estimado por los catastrofistas. Como consecuencia, la tasa pasó de ser 2.05 afiliados por pensionista en 1995 a 2.55 en 2010, y ello resultado de la entrada de la mujer y de la inmigración al mercado de trabajo

Pero, además del incremento del número de cotizantes (que La Vanguardia ignora para poder llegar a su tesis de insostenibilidad) hay que considerar también el aumento de las cotizaciones (en caso de que se continúe financiando las pensiones con sistemas de reparto) o de los impuestos, como resultado del incremento de los salarios, resultado del incremento de la productividad, dato también ignorado por la sabiduría convencional reflejada en aquel editorial. En realidad, la riqueza (PIB) del país depende del número de trabajadores y de su productividad. El hecho de que los dos hayan aumentado explica que el PIB haya ido aumentando en España (excepto en estos últimos años de la Gran Recesión).

Pues bien, el aumento de la productividad implica que un trabajador produce cada vez más, y que puede sostener a más pensionistas que ahora. Si sumamos, pues, el incremento del número de cotizantes al incremento de la capacidad de cada cotizante para poder sostener a un pensionista, resulta claro que las cifras del editorial de La Vanguardia son insuficientes para llegar a la conclusión a la que el editorial llega. Y tenemos evidencia de ello, si miramos lo que ha ido ocurriendo en los últimos 15 años. En 1995, la Secretaría General de la Seguridad Social distribuyó un Estudio Económico Actuarial titulado “La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI”. En este estudio se hacían las siguientes proyecciones. Se calculaba que en el año 2009 habría 3.876.177 pensionistas, y en el 2030, 5.133.383. En el año 2009, en lugar del proyectado 3.876.177 pensionistas, hubo 5.182.747, cifra mayor que las que se habían calculado en 1997 para el 2030. Imagínese el ruido mediático si se hubieran proyectado las cifras que al finan resultaron ser las válidas. Seguro que los “expertos” de La Vanguardia habrían asumido que la Seguridad Social colapsaría. Pues, no sólo no colapsó, sino que en 2009 tenía superávit. ¿Qué había ocurrido? Pues muy fácil. Aunque el número de pensionistas aumentó enormemente, el PIB aumentó también considerablemente, de manera que si en 1995 España se gastaba 8.3% del PIB en pensiones (y las cotizaciones alcanzaban el 9.4% del PIB), en el 2008 el PIB había subido mucho más, de manera que cubrir aquel número mucho mayor significó en realidad un porcentaje incluso menor del PIB, un 7.8%, mientras que las cotizaciones subieron un 9.6%. La Seguridad Social no sólo no había colapsado, sino que estaba en superávit.

Basados en estos datos podemos ver lo erróneo de predecir el futuro en tono catastrofista. Si el incremento de la productividad fuera de un 2% por año (la cifra que el nuevo Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, utilizó en su entrevista a El País, 12.12.10), resultaría que el PIB dentro de cuarenta años sería 2.2 veces mayor que ahora. Si a ello se suma el incremento de la población, resulta que este porcentaje puede ser incluso mayor. ¿Cuál es, pues, el problema? El Sr. Valeriano Gómez, por cierto, erró de nuevo cuando indicó que incluso en el caso de que la productividad aumentara un 2%, España no podría sostener un 15% del PIB en pensiones en el año 2050. Esto no es cierto y es fácil de demostrar que el Ministro está equivocado. Eleve el crecimiento del 2% a 40 años y verá que en 2050 el PIB sería 2.2 veces mayor que el actual. Ello quiere decir que si ahora el PIB es 100 (con un 8 a pensiones, y 92 a no pensionistas), en 2050 el PIB sería 220, con lo cual un 15% (33) sería para pensionistas y 187 para los no pensionistas. Tanto los pensionistas como los no pensionistas tendrían muchos más recursos que ahora. El hecho de que en el año 2050 el 15% fuera a pensiones, no quiere decir que los no pensionistas tuviesen menos recursos. Habría más que ahora. El Sr. Rubalcaba decía que no le salían los números al gobierno. Si al gobierno no le salen los números, sería aconsejable que mejorara sus calculadoras.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

LA PROBLEMÁTICA DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

Ayer el diario El País abrió con el siguiente titular: “El PSOE registra su peor resultado”. Dicha afirmación, respaldada por un sondeo de Metroscopia, cifra la distancia entre los dos grandes partidos nacionales en nada menos que 18,8% en cuanto a intención directa de voto. Nada más echar un vistazo al gráfico dado, dos cosas llaman la atención: la espectacular bajada de casi 9 puntos en este mes de diciembre (la mayor de la legislatura) y que el PP, pese a la bajada del 20% del PSOE con respecto a las Generales de 2008, apenas ha aumentado en un 3% su intención de voto. En esta entrada, hablaré de la primera de estas dos cuestiones para intentar esclarecer uno de los motivos cruciales de esta bajada en las encuestas: la supresión de ayudas a los parados de larga duración; y, con vuestra ayuda, abrir el debate y la reflexión en torno a este tema de actualidad.

El motivo de no hablar de la inmovilidad del PP no responde a la desidia o la pereza, simplemente se trata de la historia interminable: las elecciones no las gana la derecha. Por el contrario, las pierde o gana la izquierda. ¿En función de qué? De lo que se abstenga el votante de izquierda. Da igual que el PP tenga imputados por corrupción por toda la geografía española, que aliente la inseguridad financiera contra el total de la nación, que carezca por completo de una alternativa al Gobierno o de una oposición constructiva. Da igual. Todo es bueno para el convento, y como dijo aquel lo mejor sería que Rajoy se durmiera y no despertara hasta 2012.

En cambio, la primera de las observaciones sí resulta interesante. Tras mejorar en 5 puntos en el mes de Noviembre, en parte gracias a la reestructuración del Gobierno, las cifras de intención de voto caen en picado en lo que llevamos de mes. Según el artículo, El País da como explicación el rechazo generalizado a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, siendo estas: el plan de privatizaciones (49% de AENA y 30% de Loterías y Apuestas del Estado), la reducción de impuestos (fundamentalmente a las PYMES) y la supresión de las ayudas a los parados de larga duración (La famosa ayuda de 426€), que dejará sin cobertura, según UGT, a casi un millón de desempleados.

El motivo de este cambio no es el de un supuesto giro a la derecha del Gobierno socialista, como algunos sectores afirman ante la impopular propuesta. Por el contrario, su análisis queda obsoleto sin atender al contexto en el que se desarrolla, sin ver el bosque que hay detrás de este árbol. Y es que el fin de la ayuda queda enmarcado en el plan de reestructuración de las políticas de empleo. Cuando hablamos de políticas de empleo distinguimos entre pasivas –básicamente subsidios de desempleo- y activas- contemplando estas la formación de parados, las bonificaciones a la contratación y la convocatoria de plazas públicas-. Sin embargo, dos son los problemas que adolece el sistema español de políticas de empleo, a saber:

- La descompensación entre políticas activas y pasivas: Atendiendo a los Presupuestos Generales del Estado para 2011, de la partida de 40.000 millones para políticas de empleo, 30.000 millones serán destinadas a políticas pasivas, mientras que para activas unos 7.500, un 5,5% menos que con respecto a 2010. Es decir, España gasta la mitad en PAE (Políticas Activas de Empleo) que Dinamarca.

- En cuanto a las partidas para formación, de los 7.500 millones, sólo 2.500 se destinan a formación (ya que la mayoría de los recursos acaban en forma de bonificaciones a la contratación). De esta cifra, 3 veces menos que el presupuesto de Austria en el mismo aspecto, tan sólo 1.000 millones son para formación directa. En números absolutos, del 4% de gasto del PIB en políticas de empleo, el 0,1% sería para formación de parados.

Es este panorama el que el Gobierno intenta paliar con la reforma. A nadie se le escapa que para fomentar la contratación y el empleo a largo plazo es fundamental el incremento en la formación de los parados y no bonificaciones que tan sólo crean empleo cortoplacista. Por ello, aparte de aumentar el número de desempleados con formación y de duplicar el presupuesto a las PAE, la reforma contempla que los servicios de empleo dejen de ser meros tramitadores de subsidios, convirtiéndose en agentes de oportunidad.

Sin embargo, la vida es dura y para cumplir con las directivas de la UE nuestro déficit tiene que llegar al 6% para 2011 y eso se traduce en dos salidas: disminuir los gastos o aumentar los ingresos. Si bien es discutible que el Gobierno se centre en la reducción del gasto y no en el aumento de los ingresos del Estado (aumento del IRPF a las rentas más altas, restitución del Impuesto sobre el Patrimonio, etc.), la realidad es que estamos ante uno de los presupuestos más limitados de la historia de nuestra democracia. Por tanto, si sumamos esta restricción a la necesidad de aumentar las políticas activas en detrimento de las pasivas, hallamos explicación a la supresión de la ayuda al desempleo.

En conclusión, una vez pasada la primera oleada de la crisis, donde sí que era del todo fundamental aumentar la cobertura y protección al desempleo, y una vez que ya se ha tocado fondo –a tal efecto, cabe recordar que la subida de paro del pasado mes es la menor en 12 años- no se trata de aumentar o disminuir el gasto de las políticas de empleo, si no de reestructurar las partidas de cara al medio plazo. Y como el dinero no crece de los árboles, hay que tomar decisiones valientes, aunque como socialistas nos cueste aceptarlas.

Manuel G. D.

Cuando ser inmigrante equivale a ser delincuente

La Unión Europea se está llevando las manos a la cabeza. Y no, aunque nos parezca extraño, no es por la crisis económica. A estas alturas ya todos conocemos las repatriaciones de búlgaros y rumanos de etnia gitana realizada por el Presidente francés, Nicolas Sarkozy, hecho que ha levantado una gran polémica y que incluso ha llevado al propio Parlamento Europeo a pronunciarse en contra, aunque sin el respaldo del Grupo Popular. Y es que el comportamiento del Gobierno galo no sólo atenta contra los derechos fundamentales de las personas, sino también contra el consagrado principio comunitario de libertad de circulación de personas.

Los motivos de Sarkozy están bien claros. Según sus propias palabras, “los extranjeros que viven en Francia y que son delincuentes no merecen ser franceses”. Pero, ¿qué pasa con los franceses que son delincuentes? ¿Acaso valen más que los inmigrantes que no lo son? ¿Se ha demostrado en todos los casos de repatriación que estas personas han incumplido alguna ley? A pesar de la multitud de voces que se han alzado en contra de las políticas de inmigración del Gobierno francés, no podemos ignorar el hecho de que no se trata de un caso aislado y que para ver este tipo de comportamientos no tenemos que cruzar nuestras fronteras, ni mucho menos culpar sólo a los políticos. Nosotros mismos, en nuestras calles y barrios, somos testigos de ello. El otro día un compañero me recordaba que, en muchas ocasiones, cuando agentes de policía realizan patrullas rutinarias o ven algún comportamiento sospechoso, suelen pedir primero la documentación a personas que por apariencia no parecen ser españoles.

El Parlamento Europeo, órgano que nos representa a los ciudadanos en la Unión, parece tenerlo claro. El problema está en que, con respecto a este tema, sus resoluciones no son vinculantes. Los que tienen la palabra son los Gobiernos de los países miembros, pero no parece probable que este tema se incluya en la agenda del Consejo Europeo debido al perfil conservador de los principales líderes europeos.

Tal vez buscar una solución a corto plazo es tarea difícil, pero al menos situaciones como esta deberían servir para plantearnos nuestra propia actitud hacia los inmigrantes y preguntarnos si muchos de nosotros no nos comportamos como el mismo Sarkozy mostrando esos mismos prejuicios en nuestro entorno. Si la sociedad no refleja el hecho de que la riqueza está en la variedad y que todos somos iguales, nunca podrán reconocerlo sus representantes políticos.

Sonsoles G. N.