LA IMPORTANCIA DE LO CERCANO

En los últimos meses hemos asistido a una frenética actividad política en nuestro país. Si en mayo fueron las elecciones locales y autonómicas, en noviembre les tocó el turno a las generales. Todo esto ha estado aderezado por numerosos acontecimientos como el ataque de los mercados, los recortes y la escala de la prima de riesgo, entre otros. Pero, como ya avisó el 15-M, ¿nos estamos acostumbrando a la política de los grandes números y de las estadísticas?

Para mí, la política debe basarse en lo cercano, en el contacto con el ciudadano, con la gente “corriente”. Conocer sus problemas y necesidades y tratar de ofrecer soluciones reales, posibles y satisfactorias debe ser nuestra meta. Para ello, es necesario bajar al terreno de juego, a la calle, y trabajar codo con codo con todas las personas, ya sean jóvenes o mayores, y mejorar nuestros barrios. Porque creo que una mejora desde abajo, desde las pequeñas cosas, acabará traduciéndose en una mejora a mayor escala.

De este modo, es importante el impulso de foros de participación ciudadana que sean cercanos, abiertos todos y modernos. Unos puntos de partida podrían ser las Juntas Municipales de Distrito, que si reciben el empujón necesario, serían un buen altavoz de las inquietudes de los madrileños, y no unos organismos totalmente desconocidos como ocurre ahora. Todo ello sin olvidar las agrupaciones vecinales y políticas como la nuestra.

Si eres de los que piensas que la política es un coto cerrado, oscuro y en donde se trapichea con intereses, estás totalmente equivocado. La política es la preocupación por tu calle, por tu instituto, por tu ambulatorio, en definitiva, por esas cosas del día a día. Por eso te digo que no te mantengas al margen. ¡Participa con nosotros de lo cercano!

Javier de las Heras Molina

Los errores de la sabiduría convencional sobre las pensiones

La Vanguardia publicó recientemente (09.01.11) un editorial titulado “La inevitable reforma de las pensiones”, que refleja la sabiduría convencional sobre las pensiones ampliamente promulgada y reproducida en los medios de información y persuasión del país, que podría haberse publicado en cualquiera de los cinco rotativos más importantes de España. El editorial subrayaba que existe un consenso generalizado entre los expertos de que la bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se retrase la edad obligatoria de la jubilación. El editorial añadía que hay ahora 17.6 millones de afiliados a la Seguridad Social (es decir, personas que cotizan a la Seguridad Social) y 8.4 millones de pensionistas, resultando en un ratio de aproximadamente 2 cotizantes por pensionista. Dentro de cuarenta años –indicaba el editorial de La Vanguardia-, los expertos señalan que el número de pensionistas se doblará, y ello tendrá como resultado que habrá sólo un cotizante por pensionista, lo cual es insostenible. Con estos datos y argumentos, el editorial insinuaba, previsiblemente, que la testarudez de los sindicatos y su incapacidad de entender estos datos está proyectando una actitud irresponsable en su resistencia a retrasar obligatoriamente la edad de jubilación.

Hasta aquí el editorial. Valdría la pena analizar los supuestos que sostienen las postura del editorial, y ver quién es irresponsable, si los sindicatos o aquellos que suscriben este editorial de La Vanguardia, que refleja la sabiduría convencional. Veamos los datos.

En primer lugar, no es cierto que haya consenso entre los expertos sobre la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación. Es cierto que hay consenso entre los expertos con los cuales cuentan La Vanguardia y otros de los mayores medios de información y persuasión. Incluyen, por ejemplo, al Sr. José A. Herce y a sus colegas, de Fedea (la Fundación de Estudios Económicos financiada por la gran Banca y las grandes empresas del país), los cuales tienen escasa credibilidad, tanto en sus estimaciones como en sus proyecciones sobre el futuro de las pensiones. El Sr. Herce ha estado prediciendo el “colapso” de la Seguridad Social desde hace ya muchos años. Así, en 1995, el Sr. Herce había pronosticado que el sistema de pensiones público tendría en el año 2000 un déficit de nada menos de un 0,62% del PIB. Llegó el 2000, y tal sistema no sólo no tenía ningún déficit, sino que estaba en superávit. Ello no fue obstáculo para que el supuesto experto profetizara más tarde que el déficit vendría en 2005. El 2005 llegó, y el sistema continuaba en superávit. Unas estimaciones igualmente erróneas fueron hechas por otros supuestos expertos, como Piñera y Weinstein (quienes indicaron que el colapso del sistema de pensiones sería en el 2000, y más tarde, al no darse el colapso en aquel año, lo retrasaron al 2005), Barea (otro catastrofista que también señaló el 2000, y más tarde el 2005 como el año del colapso), Taguas y Sáez, y otros. (Para un estudio más detallado de las predicciones de colapso fallidas, ver Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, “¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan”, Attac 2010, pp 30-37). Ahora bien, entre los expertos que conocen el tema no hay tal consenso. En realidad, hay más expertos que cuestionan las tesis de insostenibilidad de las pensiones públicas que expertos que la sostienen. Lo que pasa es que los primeros raramente aparecen en los medios, cuya orientación neoliberal explica que los expertos que cuestionan tal inviabilidad sean excluidos.

Veamos ahora el segundo error del editorial de La Vanguardia, el de que en cuarenta años tendremos un cotizante por pensionista. Para llegar a este ratio se hacen una serie de supuestos altamente cuestionables. Se dice, por ejemplo, que el número de pensionistas actual se doblará, pero se asume que el número de cotizantes continuará igual, lo cual es absurdo. Ahora, el porcentaje de la población adulta que trabaja y cotiza es sólo del 59,8% (2009) de la población, y ello como resultado del bajo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo (uno de los más bajos de la UE-15). Es impensable que este porcentaje no aumente, pues es más que probable que el porcentaje de la mujer en el mercado de trabajo irá asemejándose más y más al porcentaje existente en el promedio de la UE-15 y con ello, el porcentaje de la población adulta que trabaja y cotiza en la Seguridad Social llegue a ser un 70 o un 75%. Ello quiere decir que el número de cotizantes por pensionista será mucho mayor de lo que el editorial y sus expertos vaticinan.

En realidad, los famosos “expertos” ya habían predicho en 1995 déficits en el sistema de pensiones públicas en la primera década del siglo presente al subestimar el crecimiento de los cotizantes. Predijeron que habría en 2010 14.4 millones de afiliados (cotizantes a la Seguridad Social) y 8.7 millones de pensionistas. En realidad el número de pensionistas fue ya en 2007 de 8.4 millones (un número muy próximo al que habían estimado existiría en 2010), pero el número de afiliados fue de 17.6 millones, mucho mayor de lo estimado por los catastrofistas. Como consecuencia, la tasa pasó de ser 2.05 afiliados por pensionista en 1995 a 2.55 en 2010, y ello resultado de la entrada de la mujer y de la inmigración al mercado de trabajo

Pero, además del incremento del número de cotizantes (que La Vanguardia ignora para poder llegar a su tesis de insostenibilidad) hay que considerar también el aumento de las cotizaciones (en caso de que se continúe financiando las pensiones con sistemas de reparto) o de los impuestos, como resultado del incremento de los salarios, resultado del incremento de la productividad, dato también ignorado por la sabiduría convencional reflejada en aquel editorial. En realidad, la riqueza (PIB) del país depende del número de trabajadores y de su productividad. El hecho de que los dos hayan aumentado explica que el PIB haya ido aumentando en España (excepto en estos últimos años de la Gran Recesión).

Pues bien, el aumento de la productividad implica que un trabajador produce cada vez más, y que puede sostener a más pensionistas que ahora. Si sumamos, pues, el incremento del número de cotizantes al incremento de la capacidad de cada cotizante para poder sostener a un pensionista, resulta claro que las cifras del editorial de La Vanguardia son insuficientes para llegar a la conclusión a la que el editorial llega. Y tenemos evidencia de ello, si miramos lo que ha ido ocurriendo en los últimos 15 años. En 1995, la Secretaría General de la Seguridad Social distribuyó un Estudio Económico Actuarial titulado “La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI”. En este estudio se hacían las siguientes proyecciones. Se calculaba que en el año 2009 habría 3.876.177 pensionistas, y en el 2030, 5.133.383. En el año 2009, en lugar del proyectado 3.876.177 pensionistas, hubo 5.182.747, cifra mayor que las que se habían calculado en 1997 para el 2030. Imagínese el ruido mediático si se hubieran proyectado las cifras que al finan resultaron ser las válidas. Seguro que los “expertos” de La Vanguardia habrían asumido que la Seguridad Social colapsaría. Pues, no sólo no colapsó, sino que en 2009 tenía superávit. ¿Qué había ocurrido? Pues muy fácil. Aunque el número de pensionistas aumentó enormemente, el PIB aumentó también considerablemente, de manera que si en 1995 España se gastaba 8.3% del PIB en pensiones (y las cotizaciones alcanzaban el 9.4% del PIB), en el 2008 el PIB había subido mucho más, de manera que cubrir aquel número mucho mayor significó en realidad un porcentaje incluso menor del PIB, un 7.8%, mientras que las cotizaciones subieron un 9.6%. La Seguridad Social no sólo no había colapsado, sino que estaba en superávit.

Basados en estos datos podemos ver lo erróneo de predecir el futuro en tono catastrofista. Si el incremento de la productividad fuera de un 2% por año (la cifra que el nuevo Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, utilizó en su entrevista a El País, 12.12.10), resultaría que el PIB dentro de cuarenta años sería 2.2 veces mayor que ahora. Si a ello se suma el incremento de la población, resulta que este porcentaje puede ser incluso mayor. ¿Cuál es, pues, el problema? El Sr. Valeriano Gómez, por cierto, erró de nuevo cuando indicó que incluso en el caso de que la productividad aumentara un 2%, España no podría sostener un 15% del PIB en pensiones en el año 2050. Esto no es cierto y es fácil de demostrar que el Ministro está equivocado. Eleve el crecimiento del 2% a 40 años y verá que en 2050 el PIB sería 2.2 veces mayor que el actual. Ello quiere decir que si ahora el PIB es 100 (con un 8 a pensiones, y 92 a no pensionistas), en 2050 el PIB sería 220, con lo cual un 15% (33) sería para pensionistas y 187 para los no pensionistas. Tanto los pensionistas como los no pensionistas tendrían muchos más recursos que ahora. El hecho de que en el año 2050 el 15% fuera a pensiones, no quiere decir que los no pensionistas tuviesen menos recursos. Habría más que ahora. El Sr. Rubalcaba decía que no le salían los números al gobierno. Si al gobierno no le salen los números, sería aconsejable que mejorara sus calculadoras.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

LA PROBLEMÁTICA DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

Ayer el diario El País abrió con el siguiente titular: “El PSOE registra su peor resultado”. Dicha afirmación, respaldada por un sondeo de Metroscopia, cifra la distancia entre los dos grandes partidos nacionales en nada menos que 18,8% en cuanto a intención directa de voto. Nada más echar un vistazo al gráfico dado, dos cosas llaman la atención: la espectacular bajada de casi 9 puntos en este mes de diciembre (la mayor de la legislatura) y que el PP, pese a la bajada del 20% del PSOE con respecto a las Generales de 2008, apenas ha aumentado en un 3% su intención de voto. En esta entrada, hablaré de la primera de estas dos cuestiones para intentar esclarecer uno de los motivos cruciales de esta bajada en las encuestas: la supresión de ayudas a los parados de larga duración; y, con vuestra ayuda, abrir el debate y la reflexión en torno a este tema de actualidad.

El motivo de no hablar de la inmovilidad del PP no responde a la desidia o la pereza, simplemente se trata de la historia interminable: las elecciones no las gana la derecha. Por el contrario, las pierde o gana la izquierda. ¿En función de qué? De lo que se abstenga el votante de izquierda. Da igual que el PP tenga imputados por corrupción por toda la geografía española, que aliente la inseguridad financiera contra el total de la nación, que carezca por completo de una alternativa al Gobierno o de una oposición constructiva. Da igual. Todo es bueno para el convento, y como dijo aquel lo mejor sería que Rajoy se durmiera y no despertara hasta 2012.

En cambio, la primera de las observaciones sí resulta interesante. Tras mejorar en 5 puntos en el mes de Noviembre, en parte gracias a la reestructuración del Gobierno, las cifras de intención de voto caen en picado en lo que llevamos de mes. Según el artículo, El País da como explicación el rechazo generalizado a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, siendo estas: el plan de privatizaciones (49% de AENA y 30% de Loterías y Apuestas del Estado), la reducción de impuestos (fundamentalmente a las PYMES) y la supresión de las ayudas a los parados de larga duración (La famosa ayuda de 426€), que dejará sin cobertura, según UGT, a casi un millón de desempleados.

El motivo de este cambio no es el de un supuesto giro a la derecha del Gobierno socialista, como algunos sectores afirman ante la impopular propuesta. Por el contrario, su análisis queda obsoleto sin atender al contexto en el que se desarrolla, sin ver el bosque que hay detrás de este árbol. Y es que el fin de la ayuda queda enmarcado en el plan de reestructuración de las políticas de empleo. Cuando hablamos de políticas de empleo distinguimos entre pasivas –básicamente subsidios de desempleo- y activas- contemplando estas la formación de parados, las bonificaciones a la contratación y la convocatoria de plazas públicas-. Sin embargo, dos son los problemas que adolece el sistema español de políticas de empleo, a saber:

- La descompensación entre políticas activas y pasivas: Atendiendo a los Presupuestos Generales del Estado para 2011, de la partida de 40.000 millones para políticas de empleo, 30.000 millones serán destinadas a políticas pasivas, mientras que para activas unos 7.500, un 5,5% menos que con respecto a 2010. Es decir, España gasta la mitad en PAE (Políticas Activas de Empleo) que Dinamarca.

- En cuanto a las partidas para formación, de los 7.500 millones, sólo 2.500 se destinan a formación (ya que la mayoría de los recursos acaban en forma de bonificaciones a la contratación). De esta cifra, 3 veces menos que el presupuesto de Austria en el mismo aspecto, tan sólo 1.000 millones son para formación directa. En números absolutos, del 4% de gasto del PIB en políticas de empleo, el 0,1% sería para formación de parados.

Es este panorama el que el Gobierno intenta paliar con la reforma. A nadie se le escapa que para fomentar la contratación y el empleo a largo plazo es fundamental el incremento en la formación de los parados y no bonificaciones que tan sólo crean empleo cortoplacista. Por ello, aparte de aumentar el número de desempleados con formación y de duplicar el presupuesto a las PAE, la reforma contempla que los servicios de empleo dejen de ser meros tramitadores de subsidios, convirtiéndose en agentes de oportunidad.

Sin embargo, la vida es dura y para cumplir con las directivas de la UE nuestro déficit tiene que llegar al 6% para 2011 y eso se traduce en dos salidas: disminuir los gastos o aumentar los ingresos. Si bien es discutible que el Gobierno se centre en la reducción del gasto y no en el aumento de los ingresos del Estado (aumento del IRPF a las rentas más altas, restitución del Impuesto sobre el Patrimonio, etc.), la realidad es que estamos ante uno de los presupuestos más limitados de la historia de nuestra democracia. Por tanto, si sumamos esta restricción a la necesidad de aumentar las políticas activas en detrimento de las pasivas, hallamos explicación a la supresión de la ayuda al desempleo.

En conclusión, una vez pasada la primera oleada de la crisis, donde sí que era del todo fundamental aumentar la cobertura y protección al desempleo, y una vez que ya se ha tocado fondo –a tal efecto, cabe recordar que la subida de paro del pasado mes es la menor en 12 años- no se trata de aumentar o disminuir el gasto de las políticas de empleo, si no de reestructurar las partidas de cara al medio plazo. Y como el dinero no crece de los árboles, hay que tomar decisiones valientes, aunque como socialistas nos cueste aceptarlas.

Manuel G. D.

Cuando ser inmigrante equivale a ser delincuente

La Unión Europea se está llevando las manos a la cabeza. Y no, aunque nos parezca extraño, no es por la crisis económica. A estas alturas ya todos conocemos las repatriaciones de búlgaros y rumanos de etnia gitana realizada por el Presidente francés, Nicolas Sarkozy, hecho que ha levantado una gran polémica y que incluso ha llevado al propio Parlamento Europeo a pronunciarse en contra, aunque sin el respaldo del Grupo Popular. Y es que el comportamiento del Gobierno galo no sólo atenta contra los derechos fundamentales de las personas, sino también contra el consagrado principio comunitario de libertad de circulación de personas.

Los motivos de Sarkozy están bien claros. Según sus propias palabras, “los extranjeros que viven en Francia y que son delincuentes no merecen ser franceses”. Pero, ¿qué pasa con los franceses que son delincuentes? ¿Acaso valen más que los inmigrantes que no lo son? ¿Se ha demostrado en todos los casos de repatriación que estas personas han incumplido alguna ley? A pesar de la multitud de voces que se han alzado en contra de las políticas de inmigración del Gobierno francés, no podemos ignorar el hecho de que no se trata de un caso aislado y que para ver este tipo de comportamientos no tenemos que cruzar nuestras fronteras, ni mucho menos culpar sólo a los políticos. Nosotros mismos, en nuestras calles y barrios, somos testigos de ello. El otro día un compañero me recordaba que, en muchas ocasiones, cuando agentes de policía realizan patrullas rutinarias o ven algún comportamiento sospechoso, suelen pedir primero la documentación a personas que por apariencia no parecen ser españoles.

El Parlamento Europeo, órgano que nos representa a los ciudadanos en la Unión, parece tenerlo claro. El problema está en que, con respecto a este tema, sus resoluciones no son vinculantes. Los que tienen la palabra son los Gobiernos de los países miembros, pero no parece probable que este tema se incluya en la agenda del Consejo Europeo debido al perfil conservador de los principales líderes europeos.

Tal vez buscar una solución a corto plazo es tarea difícil, pero al menos situaciones como esta deberían servir para plantearnos nuestra propia actitud hacia los inmigrantes y preguntarnos si muchos de nosotros no nos comportamos como el mismo Sarkozy mostrando esos mismos prejuicios en nuestro entorno. Si la sociedad no refleja el hecho de que la riqueza está en la variedad y que todos somos iguales, nunca podrán reconocerlo sus representantes políticos.

Sonsoles G. N.

Lo que deberían ser las primarias en el PSOE

El origen de las primarias en los partidos Demócrata y Republicano en los EEUU fue el descontento hacia el sistema bipartidista existente en aquel país, basado en la existencia de dos partidos, financiados en su mayoría por grandes lobbies económicos e instrumentalizados por dos grandes aparatos poco sensibles a los deseos y opiniones de las bases de tales partidos. Fue consecuencia del descontento entre las bases (y su rebelión frente al aparato de los partidos) que se establecieron las primarias. A partir de su existencia, las primarias tenían por objetivo que las distintas sensibilidades existentes dentro de cada partido compitieran en el mercado político, con el fin no sólo de elegir al candidato, sino también el programa que adoptaría el partido. En general, el programa final debería ser una síntesis resultado de la fuerza expresada durante las primarias por las distintas sensibilidades dentro de cada partido. Cuando en 1988 asesoré al candidato Jesse Jackson Sr. en las primarias del Partido Demócrata, el ganador de las primarias, el Gobernador Dukakis del Estado de Massachussets tuvo que incorporar en la plataforma del Partido Demócrata la promesa de establecer un sistema universal de salud en aquel país, propuesta hecha por el candidato Jackson, y que Dukakis tuvo que aceptar para conseguir su apoyo (que había conseguido el 40% de todos los delegados del Congreso Demócrata en el proceso de las primarias).

Un tanto semejante ocurre en las primarias que tienen lugar a todos los niveles (federales, estatales y municipales) en la preparación de los candidatos de los dos partidos mayoritarios. Las primarias tienen como objetivo no sólo elegir al candidato para el puesto sujeto al proceso electoral, sino también sintetizar las distintas sensibilidades dentro del partido en su programa.

En los países que tienen sistemas proporcionales, en lugar de bipartidistas, la existencia de primarias es, sin embargo, menos frecuente pues, en general, las distintas sensibilidades que existen dentro de un gran partido aparecen como partidos distintos con su propia identidad. En España, sin embargo, el sistema político es escasamente proporcional, lo cual explica que en la práctica funciona como bipartidista, limitando considerablemente su potencial democrático. De ahí la gran importancia de que existan primarias, y muy en particular en los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP. Es un indicador de la mayor vocación democrática de las izquierdas que las primarias se den con mayor frecuencia entre éstas que entre las derechas.

Las primarias actuales en el PSOE
En el PSOE existen distintas sensibilidades que deberían expresarse durante las primarias, a fin de configurar los equipos de dirección y el programa del partido. Una sensibilidad es la definida (frecuentemente, por los miembros de las otras sensibilidades) como la socialdemocracia “tradicional”. Por regla general, el término tradicional se ha utilizado en el sentido peyorativo como anticuado. Esta tradición, arraigada en la tradición socialdemócrata (que ha alcanzado su máxima expresión en los países escandinavos –Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia-), ha enfatizado las políticas redistributivas, encaminadas a universalizar los derechos sociales y laborales, mediante una financiación basada en la progresividad fiscal con elevado desarrollo del gasto público para financiar los servicios públicos, incluidos los del estado del bienestar y la infraestructura física del país. Esta tradición ha sido en Europa la más exitosa en establecer el altamente popular estado del bienestar. Esta sensibilidad es mayoritaria en las bases sindicales del PSOE, gran mayoría de la clase trabajadora y sectores de las clases medias (así como entre los movimientos sociales, como la mayoría de movimientos feministas y ecologistas).

Otra sensibilidad es la socioliberal, que asume que las políticas fiscales no tienen funciones redistributivas y desalienta la universalización de derechos laborales y sociales. En realidad, su proyecto se define como el de garantizar la igualdad de oportunidades, de manera que todos tengan las mismas oportunidades, sin detallar, sin embargo, como lograr que ello ocurra, excepto en un gran énfasis en la educación como garante de oportunidad. Dicha tradición rehuye de intervenciones públicas redistributivas, desmereciendo la importancia del gasto público. Tal como escribió Jordi Sevilla en su libro El nuevo socialismo (muy influyente en el equipo del candidato Zapatero), “¿Alguien puede defender, a estas alturas del siglo, que un programa socialdemócrata debe ir a favor de más impuestos y gasto público?” (p.73), escrito en el país de la UE-15 que tiene la carga fiscal menor, el gasto público por habitante más bajo, y el estado del bienestar menos financiado.

Otro ejemplo de esta postura aparece en las declaraciones del Ministro de Economía, Pedro Solbes del gobierno PSOE, que en una entrevista a El País (22.07.09) indicó que la medida de la cual estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público en el primer mandato del gobierno 2004-2008. En realidad, el gasto público aumentó en este periodo, debido principalmente al elevado crecimiento económico, resultado de la burbuja inmobiliaria. Tal crecimiento no se debió, sin embargo, al aumento de los impuestos y su progresividad, lo cual explica que, cuando la burbuja explotó, el gasto público cayera en picado.

Esta sensibilidad dentro del PSOE es próxima a la Tercera Vía, y ha sido dominante en los equipos económicos del PSOE. Esta dilución del compromiso con el sector público (incluido gasto y regulación pública) va acompañada de un cambio de narrativa, sustituyendo el término de estado del bienestar por el de sociedad del bienestar (tal como caracteriza a las sensibilidades democratacristianas y liberales). Varias declaraciones hechas por la “nueva generación” de socialistas están ya utilizando tal narrativa. Y, por supuesto, términos como “clase trabajadora” desaparecen sustituidos por el términos “clases medias” que consideran ser su objetivo de captación electoral.

Las consecuencias electorales del socioliberalismo
Entre estas dos sensibilidades hay otras que tienen elementos de cada una de las dos. Pero sería importante que se debatieran pues mientras las segundas han sido las dominantes, no han sido las más populares entre sus bases, lo que explica el escaso éxito electoral de la sensibilidad socioliberal. El cambio del panorama político en la Unión Europea (y muy en especial en la UE-15) cuyos países han pasado de ser gobernados por las izquierdas a serlo por las derechas, es debido, precisamente, al dominio de las opciones socioliberales dentro de las izquierdas gobernantes. Así, en Gran Bretaña, los gobiernos Blair y Brown, pertenecientes a la Tercera Vía (la máxima expresión del socioliberalismo), perdieron popularidad rápidamente. El triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando el Partido New Labour ganó las elecciones por primera vez. El Partido Laborista consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que era el 33% del total del electorado (es decir, de la población que podía votar). Su victoria se debió (tal como documentaron las encuestas a pie de urna) al enorme rechazo hacia las políticas neoliberales del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del partido Laborista (convertido en New Labour) fue espectacular. En el año 2001 ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005 descendió todavía más, al 22%. Este gran descenso no se reflejó en un descenso notable de su presencia en el Parlamento debido al sesgo electoral británico a favor del sistema bipartidista. Así, en 1997, el Partido Laborista, con el 33% del total del electorado, consiguió nada menos que el 64% de todos los escaños en el Parlamento Británico. En el año 2001, el Partido Laborista perdió sólo 5 escaños (pasó de 418 a 413, pasando del 64% al 62% de todos los escaños) y ello a pesar del gran descalabro electoral (que pasó del 33% al 25% del total del electorado). Y en 2005, cuando el voto del total del electorado bajó incluso más, al 22%, perdió escaños pero en número mucho menor de lo que hubiera ocurrido en un sistema proporcional. En realidad, continuó manteniendo la mayoría de escaños (el 55%).

Cito estos datos porque cuestionan la visión generalizada e interesada de definir la Tercera Vía como exitosa por su permanencia en el poder. Ello no se debió a su popularidad (que descendió enormemente), sino a un sistema electoral extremadamente sesgado, favorable al bipartidismo, y a la enorme crisis del Partido Conservador. Las políticas de la Tercera Vía fueron profundamente impopulares y muy en especial, entre sus bases electorales (las clases populares), como documento en mi artículo “El Fracaso del Nuevo Laborismo y del Socioliberalismo”, Sistema Digital (21.05.10), también expuesto en mi blog (www.vnavarro.org). En realidad, tales políticas crearon una enorme movilización y desmoralización entre los miembros del Partido Laborista, habiendo perdido casi la mitad de sus miembros durante su mandato. Una consecuencia de esta situación es la sustitución de la movilización de las bases por una gran dependencia en grupos mediáticos, como el del Sr. Murdoch, definido por la izquierda del Partido Laborista como el 28º miembro del Gabinete del Sr. Blair. En Alemania, la Tercera Vía, con Schroeder, fue la causa del mayor descalabro político que haya sufrido el Partido Socialdemócrata. Y en todos estos casos existe el denominador común de la gran abstención de sus bases electorales.

Estas observaciones vienen al caso a raíz de las primarias dentro del PSOE, y muy en particular en Madrid. Es un déficit democrático el que la competitividad política entre los dos candidatos a representar a aquel partido en las próximas elecciones a la Presidencia de la Comunidad Autonómica de Madrid, se esté basando en características personales de los candidatos y su articulación con los distintos aparatos, y muy poco en sus propuestas de cambio, que reflejen su posicionamiento en cuando a las sensibilidades más importantes existentes dentro del PSOE. Puesto que es el partido mayoritario dentro de las izquierdas, la orientación de tal partido afecta a todas las otras formas políticas en España.

La existencia de las sensibilidades descritas en este artículo dentro del PSOE es obvia. Y la sensibilidad socioliberal ha sido muy influyente en los equipos económicos (que han marginado, en general, los economistas keynesianos, muy competentes, que existen en aquel partido) aunque también se encuentran en la cultura política del nuevo socialismo, que se presenta como modernizador del proyecto socialdemócrata, lo cual significa, en mi opinión, su abandono. De ahí la enorme importancia de que las bases fuercen un debate dentro de las primarias para permitir la exposición de la diversidad, pues no sólo el PSOE, sino toda España, se la juega en la resolución de tales debates hasta ahora demasiado ocultos e incluso silenciados en los medios.

Vicenç Navarro esCatedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
www.vnavarro.org

El PP y el gasto público.

El PP es un partido sorprendente. Sin duda alguna, puede decirse que se ha ganado a pulso el premio a la plataforma más incoherente de la actualidad. Si hay un partido político incoherente y oportunista en este país, ese es sin duda el Partido Popular. No obstante, esta faceta de incoherencia del PP ya la conocíamos todos, lo que nos trae de nuevo la actualidad es una nueva característica del PP (desconocida por aquellos que aun no nos habíamos enterado): la amnesia.

El PP sufre amnesia. Ya no recuerdan ni sus propias recetas para salir de la crisis. No recuerdan que fueron ellos los que no paraban de insistir en la necesidad de recortar drásticamente el gasto público, los que decían que Zapatero era un populista que no se atrevía a tomar medidas duras, los que decían que el gobierno estaba sometido a los sindicatos, y los que se quejaban constantemente del endeudamiento público mientras gobiernan las comunidades autónomas más endeudadas de España. El PP no se acuerda de nada. Se han despertado un día por la mañana y se han transformado de repente en los máximos defensores de gasto social, de las pensiones y de los trabajadores (Cayo Lara debe estar muerto de miedo, ahora que estos del PP se han hecho de izquierdas lo mismo le quitan votos).

Al contrario que el PP, el gobierno del PSOE apostaba por la inversión pública y la protección social para salir de a crisis. Y fue lo acertado, en épocas de caída de la producción es necesario que el sector público actúe de forma contracíclica con el presupuesto, asumiendo un déficit público que frene la caída de la demanda agregada de bienes y servicios de la economía. No obstante, una vez que hemos salido de la recesión, y con el elevado déficit público que tenemos, se hace necesario tomar medidas para reducirlo. Ahora SI es necesaria la austeridad, una vez que ya hemos visto señales de crecimiento de la demanda privada de bienes y servicios, el sector público debe reducir la suya para pagar las deudas y permitir que el crédito llegue más fácilmente a las empresas.

Y es ahora cuando la incoherencia del PP actúa, cuando su populismo les lleva a cambiar de opinión para sacar unos cuantos miles de votos, que vendrán de unos cuantos miles de votantes despistados por la prensa. Ahora votarán en contra de la reducción del gasto público después de haber ansiado tal medida, como hicieron con la supresión de la deducción de 400€ del IRPF (votaron en contra de suprimir la deducción, como también se opusieron en su día a realizarla).

Pero lo mejor de todo es la alternativa del PP a la propuesta del Gobierno de reducir el gasto. El PP se llena la boca con la palabra “austeridad”, y para demostrarlo realizan unas propuestas que TAN SOLO REDUCEN EL GASTO EN 100 MILLONES.

http://www.publico.es/espana/312320/ajuste/rajoyse/queda/millones

Eduardo de A. M-C.

Doble rasero

Desde que en 2004 el gobierno socialista llegara a la Moncloa ha tratado de dar salida a diferentes leyes de calado social bien fuerte como fueron la de matrimonio homosexual y la de la reforma de la ley del aborto. Además, por razones humanitarias, se permitió salir temporalmente al etarra De Juana Chaos de prisión para evitar su muerte tras una huelga de hambre.

Esto son sólo algunas de las tres cosas que recuerdo, así a bote pronto. Alrededor de ellas, mejor dicho, en contra, el Partido Popular (PP) organizó manifestaciones en las que figuraba como convocante y apoyo indiscutible. Sin embargo, parece ser que esas manifestaciones eran democráticas.

Este fin de semana asistimos muchos a las convocatorias que desde distintos colectivos, ninguno de ellos el Gobierno de la nación y, creo recordar, tampoco el partido al que pertenece (PSOE). Sin embargo, María Dolores de Cospedal rápidamente acusa a su oponente político de antidemocrático, de favorecer la división de los españoles apoyando y convocando las manifestaciones a favor de Baltasar Garzón entre otras lindezas.

Como siempre ocurre—recordemos que los que nos manifestamos contra la Guerra de Irak éramos antipatriotas y demás—el Partido Popular se asusta de la libertad de expresión que no menciona lo que él defiende. A los populares no les parece antidemocrático luchar contra los derechos sociales y civiles, unidos a la Iglesia en un estado laico y encabezan manifestaciones que van contra (subrayo la palabra contra) el gobierno legítimo como si este fuera incapaz de hacer las cosas bien. Sin embargo, cuando nos manifestamos libremente a favor de un juez, presuntamente inocente e injustamente enjuiciado, es antidemocrático.

Esto, desde mi modesto e ignorante punto de vista, no deja de demostrar el doble rasero de un partido político al que lo único que le interesa es llegar al poder al precio que sea y, parece, aliándose con cualquiera. Porque, consciente o inconscientemente, el acusar a Garzón es unirse a la más peligrosa derecha española que va contra los mismos fundamentos de la democracia. No sé si los populares son conscientes de a quién apoyan al acusar al juez y condenar a quienes lo apoyamos, pero deberían andar con ojo para que no se les confunda. Aunque, claro, después de las octavillas repartidas en Badalona, uno no sabe qué pensar o sino serán casi lo mismo.

A veces pienso, recordando tiempos no tan lejanos, que si por ellos fuera sólo autorizarían ciertos tipos de manifestaciones, las del pensamiento único y unidireccional para que nadie, como pasa ahora, les pueda acusar de esquizofrénicos al salir a las calles unas veces y señalar como “los malos” a los que salen a la misma, otras.

Diego V.M

El pulso

CARLOS CARNICERO URABAYEN Y ANTONIO ROLDÁN MONÉS

Durante la noche nevada del pasado 8 de febrero, los capos de los principales hedge funds del planeta, con George Soros a la cabeza, se reunían en una discreta cena en el corazón de Manhattan con el objetivo de diseñar un ataque especulativo coordinado contra el euro. Aprovechando la debilidad griega y tomando como referente el ataque a la libra esterlina de 1992, pensaban apostar 8.000 millones de dólares en una suculenta “operación a la baja”, ante el pronóstico de que a final de este año el euro alcanzaría la paridad con el dólar. Mientras, a lo largo y ancho de Europa comenzaban las primeras manifestaciones de trabajadores y desempleados para exigir a sus respectivos gobiernos que no reduzcan el gasto público a costa de los más débiles. ¿Qué tienen en común estos acontecimientos, en apariencia tan dispares? Ciudadanos y mercados libran un pulso soterrado que definirá quién mandará en el sistema que comienza a emerger tras la crisis. Si los gobiernos democráticos no se ponen del lado de los ciudadanos –del lado de la gobernanza democrática de los mercados– estos les darán la espalda.
Hace ya casi un año y medio de la histórica reunión del G-20 celebrada en Washington, donde, ante la catástrofe causada por el desgobierno de la globalización económica y financiera desde los años ochenta, los líderes del mundo se comprometieron a establecer las bases de un nuevo orden mundial en el que la política debía recuperar su lugar perdido. Las prioridades de reforma del sistema financiero eran claras: forzar a los bancos a aumentar sus reservas de capital; reducir su apalancamiento; fortalecer y homogeneizar los estándares contables; extender el control supervisor a todas las entidades que actúan como bancos (compañías de seguros, etc.); regular las actividades de mercados de futuros y los fondos alternativos de alto riesgo (hedge funds y private equities); y reformar las políticas de bonificación y primas.
Desde entonces, la hecatombe económica y financiera se ha llevado consigo más de siete millones de empleos en la UE. Sin embargo, los gobiernos europeos no terminan de consolidar ninguna de las reformas prometidas; incapaces de imponerse a las presiones de los grandes lobbies financieros, están poniendo en riesgo la oportunidad histórica que la crisis ha puesto en bandeja.
Es especialmente preocupante la eliminación de la agenda del Ecofin de la directiva de la Comisión Europea para regular los hedge funds. El apalancamiento excesivo y el carácter procíclico de los hedge funds han contribuido a generar el caldo de cultivo de la crisis y a agravar sus consecuencias. Madoffs
aparte, los hedge funds aprovecharon el vacío de regulación para tomar riesgos excesivos a través del uso irresponsable de la “ingeniería financiera”, poniendo en peligro al conjunto de nuestras economías.
Sin embargo, las presiones de los poderosos lobbies financieros anglosajones han podido con la voluntad común europea. Una carta del secretario del Tesoro de EEUU a su homólogo europeo y una llamada de teléfono de Gordon Brown a Zapatero, presidente de turno de la UE, fueron suficientes para que la directiva se cayera de la agenda. Para Brown, con el 80% de los hedge funds registrados en su territorio y las elecciones a la vuelta de la esquina, fue un verdadero alivio. Para los ciudadanos europeos, una derrota en su pulso contra los causantes de la crisis.
En lo referente a las exorbitantes –y persistentes– retribuciones variables de los altos directivos financieros, que incentivaron la toma de riesgos excesiva y contribuyeron a inflar más la burbuja, sucede algo parecido. Hasta la fecha, los planes para regular los bonus no han sido más que una recomendación comunitaria. Y nadie duda de que, en cuanto las economías vuelvan a crecer, cualquier pretensión de regularlos será en vano.
Finalmente, resulta paradójica la enésima implicación de la crisis griega. Mientras que en 2008 los líderes europeos llegaron a un acuerdo rápido y sin fisuras para salvar a la banca de la catástrofe, la solidaridad con Grecia, después de que anunciara hasta tres paquetes de reformas –que representan el mayor plan de ajuste desde la Segunda Guerra Mundial– ha llegado tarde y mal. Un compromiso claro desde el principio hubiera podido evitar un rescate que hoy ya parece inevitable. Tomando en cuenta las reticencias para regular los hedge funds, puede parecer que los gobiernos se preocupan más de no enfadar a los lobbies financieros que de ayudar a sus ciudadanos cuando lo necesitan.
Mientras los gobiernos europeos titubean a la hora de hacer reformas o deciden aplazarlas sine díe, amplios sectores de la población perciben que la crisis ha tenido unas consecuencias muy duras para todos menos para los que la causaron. Dar dinero a los bancos en dificultades fue probablemente necesario, pero mediante ello también se ha fortalecido a quienes ahora ejercen fuertes presiones para evitar las reformas.
Los líderes europeos están poniendo en marcha planes de reajuste y urgen a los ciudadanos a que se preparen para hacer sacrificios. He aquí el principal riesgo que esconde el pulso entre ciudadanos y mercados: si los gobiernos no logran poner en marcha las reformas prometidas que les permitan mandar sobre los mercados, ¿qué autoridad tendrán sobre los ciudadanos para pedirles que hagan esfuerzos y se adapten a los nuevos tiempos?

Carlos Carnicero Urabayen es master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics

Antonio Roldán Monés es asesor económico en el Parlamento Europeo

Diez mentiras sobre el IVA

Diez mentiras sobre el IVA

Antonio Miguel Carmona

Los impuestos no son ni buenos ni malos, son simplemente necesarios. La subida en el tipo del IVA por parte del Gobierno de España ha dado lugar a un cúmulo de falsedades sobre las que conviene responder.

Primera. Se cuestiona la subida por suponer un grave daño sobre el consumo, aseveración defendida curiosamente por aquellos políticos y economistas que hasta hace escasos días depositaban en el ahorro la esperanza de la recuperación económica. Cabe señalar que ante la fuerte caída de ingresos derivada de la recesión mundial y la consiguiente elevación del gasto público, los déficits se han sucedido a lo largo y a lo ancho de las naciones de la OCDE; un déficit que nos ha llevado a aumentar de forma alarmante la Deuda Pública en casi todas las naciones, y, consecuencia de ello, a tener que soportar una carga derivada de los intereses de la Deuda que habrán de pagar las generaciones venideras. Hay que preguntarse entonces si nos conviene subir el IVA o, de lo contrario, pagarlo en forma de intereses de la Deuda en años sucesivos. Si hay margen convendría tomar la decisión sustentada en la preferencia de subir el IVA antes de pagar más intereses derivados de un nuevo aumento de la Deuda que provocaría sucesivamente un mayor daño sobre el consumo.

Segunda. Se afirma que el Gobierno sube el IVA porque no ha sabido controlar un once por ciento de déficit público, cuando otras naciones, como el Reino Unido, por ejemplo, han alcanzado el doce por ciento de déficit público. No es que nos consuele, sino que muestra que el mal derivado de una expansión desordenada del déficit es general, no sólo español.

Tercera. Se dice que la presión fiscal sobre el valor añadido va a ser insufrible por parte de los contribuyentes españoles, no teniendo en cuenta que España es el tercer país con menos IVA, junto con el Reino Unido y tras Chipre y Luxemburgo, de toda la Unión Europea en relación a la altura del tipo medio. ¿Cómo es posible que no hayamos emprendido con anterioridad una reforma que colocara el nivel del IVA a la altura al menos de la media de la Unión con el fin de poder tener unos servicios adecuados y unas cuentas públicas más saneadas?

Cuarta. Se proclama que la subida de dos puntos elevará sin remedio el fraude fiscal, aseveración que con cierta lógica me ha llevado a pensar que, entonces, Alemania, Austria, Holanda o Francia, todas ellas naciones con una mayor presión fiscal sobre el valor añadido, tienen un mayor porcentaje de economía sumergida que España, afirmación que es del todo falsa.

Quinta. Se sostiene, por tanto, que bien seguro que con la subida del IVA, no sólo no se ingresará más, sino que se recaudará menos, siguiendo las recomendaciones de aquel economista llamado Arthur Laffer, quien dibujó a Ronald Reagan en una servilleta una curva en forma de campana mostrando que a partir de un determinado tipo impositivo, la presión iba a ser tan grande sobre los contribuyentes que huirían en desbandada provocando tal fraude que la recaudación, en vez de aumentar, disminuiría. Con independencia de que este dibujo de Laffer tiene el antecedente del economista tunecino de origen español del siglo XIV, Ibn Jaldún, cabe preguntarse si teniendo el tercer tipo de IVA más bajo de Europa, estamos en riesgo de que nuestros contribuyentes corran en desbandada echándose a los brazos del fraude y provocando una fuerte disminución de la recaudación.

Sexta. Se asegura que la subida del IVA, como impuesto proporcional que es, ahonda en una injusticia distributiva y que los españoles van a acabar pagando trescientos euros más al año por culpa de esta subida, sin tener en cuenta que no todos los españoles consumen la misma cantidad dado que las diferencias de renta son notables: unos pagarán cincuenta, otros mil… no hagamos medias absurdas de las que arrepentirnos. El principal instrumento de distribución secundaria de la renta es el gasto, difícilmente el ingreso en un país que limita al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal.

Séptima. Se sugiere, con un cierto grado de confusión, que cuando en 1993 se elevó el IVA cayó la recaudación: de donde vienes, peras traigo. Al tiempo que aquel año se elevó el IVA en el mundo entero –incluida España-, sufrió una recesión, corta pero profunda, derivada de las consecuencias de la guerra de Kwait, la unificación de Alemania y la depreciación del yen, que llevó a una caída de nuestro PIB de un uno por ciento, de tal forma que los ingresos de la hacienda pública se vieron mermados por dicho estancamiento, no por la elevación del IVA, sino por el estancamiento general de la economía mundial.

Octava. Se reitera que la subida del IVA forma parte de la voraz capacidad de la izquierda de recaudar frente a la bondad de la derecha de liberar a los ciudadanos de cargas impositivas innecesarias.

Novena. Se indica que la mayoría de los países van en dirección contraria cuando el Reino Unido está en estos momentos aprobando una subida del IVA, Alemania la llevó a cabo hace un par de años rechazando hace unos meses en su Parlamento la propuesta de los socios de Gobierno de Merkel de reducirlo; el Comisario Europeo de Economía alienta esta medida con el fin de disminuir el déficit público y a Grecia se le ha recomendado un esfuerzo en la imposición sobre el valor añadido para reducir su brutal desequilibrio fiscal generado por las mentiras y falsas cuentas presentadas por el anterior gobierno de la derecha griega.

Décima. Se señala que la mayor parte de los economistas critican abiertamente la subida del IVA por parte del Gobierno español, cuando ha sido defendida -unos como mal menor, otros como solución acertada-, por parte del presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales –quienes de fiscalidad algo sabrán-, por el propio Ministerio de Economía, por el Instituto de Estudios Económicos anexo a la patronal CEOE –a cambio de reducir cotizaciones sociales-, por el Comisario Europeo de Economía, y un largo etcétera de economistas que saben que se trata de una solución ineludible en el marco de un conjunto de medidas entre las que destaca la reducción de gasto público en función del aumento de la demanda agregada, aumento también conocido como recuperación económica.

Antonio Miguel Carmona es profesor de Economía y secretario de Economía del PSM-PSOE

Lucas critica los presupuestos de 2010 para el distrito Retiro.

El Distrito.es
El pasado día 14 de diciembre se celebró el Pleno Extraodinario de Presupuestos para el 2010. Algunas voces críticas por parte del PSOE los han calificado como un “despilfarro”. David Lucas, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Madrid, ha afirmado que le parece “vergonzoso que 41,1 millones de euros de los presupuestos de 2010 para Retiro vayan destinados a la reforma del Palacio de Cibeles -actual Ayuntamiento-”. Esta cantidad supone el 86% del total del presupuesto, un porcentaje con el que, según Lucas, se podrían haber cubierto muchas necesidades de este distrito, como centros para mayores, la supresión del scalextric en Doctor Esquerdo o la eliminación de infraviviendas.